Cámara aprueba Ley de Sometimiento: 10 años de cárcel mínimo por reclutar menores, propone Milton Carreño
La iniciativa obtuvo 95 votos a favor en la plenaria de la Cámara de Representantes. Entre las disposiciones aprobadas se encuentran dos medidas que buscan impedir beneficios judiciales y establecer condiciones más estrictas para quienes hayan participado en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Durante la discusión, el representante a la Cámara por el Meta, Milton Carreño, respaldó la iniciativa del Gobierno Nacional, que busca establecer mecanismos para que las organizaciones criminales abandonen las actividades ilegales, entreguen las armas, cesen prácticas como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores, y contribuyan al esclarecimiento de los delitos y a la reparación de las víctimas.
Dos medidas para proteger a los menores
Las dos disposiciones promovidas por Carreño, junto con otros congresistas y con el aval del Gobierno Nacional, buscan establecer restricciones frente a los responsables del reclutamiento ilícito.
La primera plantea excluir de los beneficios especiales del sometimiento a quienes tengan una condena en firme por reclutar a menores de 18 años o utilizarlos para cometer delitos.
La segunda establece un mínimo de diez años efectivos de privación de la libertad para quienes hayan desempeñado un papel determinante en el reclutamiento de menores, sin beneficios que permitan reducir ese periodo.
Estas propuestas se relacionan con la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento ilícito. En Colombia, el artículo 162 del Código Penal, modificado por la Ley 2110 de 2021, contempla penas de entre 156 y 276 meses de prisión para quienes recluten a menores de 18 años en el contexto del conflicto armado o los utilicen en hostilidades o acciones armadas.
Para Carreño, la incorporación de estas medidas responde a las afectaciones que sufren las familias del Meta y de otras regiones del país cuando uno de sus hijos es reclutado por organizaciones armadas ilegales.
El proyecto continúa su trámite legislativo
La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara, presentado por el Gobierno Nacional para modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. Su propósito es establecer condiciones jurídicas para el sometimiento de organizaciones armadas ilegales a la justicia.
El Senado aprobó previamente el proyecto el 3 de noviembre, con 57 votos a favor y 24 en contra. Con la aprobación de la Cámara, el texto pasa a conciliación, instancia en la que ambas corporaciones deberán unificar las disposiciones aprobadas antes de continuar el trámite correspondiente.
El representante Milton Carreño anunció que defenderá la permanencia de las dos medidas contra el reclutamiento de menores en el texto definitivo, con el propósito de que estas disposiciones hagan parte de las condiciones de sometimiento a la justicia.
