Congreso propone nueva Ley para combatir la extorsión

La extorsión dejó de ser una amenaza exclusiva para grandes empresarios, ganaderos y hacendados. Hoy también alcanza al tendero que abre su negocio al amanecer, a la señora que vende tintos en una esquina, al taxista que trabaja para llevar el sustento a su familia y al campesino que necesita sacar su cosecha al mercado.

Ya no se trata solamente de exigencias millonarias: las organizaciones criminales y delincuentes de menor escala también recurren a cobros pequeños y repetidos, aprovechándose del miedo de quienes prefieren pagar antes que poner en riesgo su vida o la de sus seres queridos. La extorsión se ha convertido en un impuesto criminal sobre el trabajo de los colombianos.

Un delito que arrebata ingresos, destruye negocios, amenaza familias y termina imponiendo el miedo donde debería existir libertad para producir y progresar. Los últimos resultados entregados por el Gobierno nacional hablan de 390 capturados por extorsión y más de $34.000 millones en pagos evitados. El presidente Abelardo de la Espriella ha incrementado la ofensiva contra un delito que ya amenaza a campesinos, comerciantes, transportadores y familias.

Frente a esta realidad, el representante Milton Carreño convocó en el Congreso de la República al Gobierno Nacional, autoridades territoriales, gremios productivos, representantes de las telecomunicaciones, el sector financiero y expertos en seguridad durante la audiencia pública «Todos contra la extorsión», realizada para fortalecer el Proyecto de Ley 349 de 2026.

La iniciativa busca enfrentar el delito desde sus mecanismos operativos: proteger a las víctimas que hoy temen denunciar, identificar el recorrido del dinero, impedir el uso de comunicaciones ilegales desde las cárceles y dificultar que los delincuentes utilicen líneas telefónicas sin controles adecuados.

Una ley para perseguir el dinero, proteger a las víctimas y desarticular las redes

«No podemos seguir permitiendo que los delincuentes cobren por trabajar, por vender, por transportar o por vivir tranquilos. La extorsión no solamente roba dinero: roba libertad. Por eso estamos proponiendo herramientas para que el Estado proteja a las víctimas y persiga toda la estructura criminal, no solamente a quien hace la llamada», expresó Milton Carreño.

El proyecto contempla cuatro frentes de acción: denuncia reservada y protección para las víctimas; preservación oportuna de registros que permitan seguir los pagos extorsivos; controles sobre equipos y comunicaciones ilegales desde establecimientos penitenciarios; y fortalecimiento de la identificación de usuarios de telefonía prepago.

Entre las medidas propuestas se encuentran la preservación de determinados registros en dos horas, el suministro de información en 24 horas, con las autorizaciones legales correspondientes, y mecanismos de bloqueo de equipos y líneas identificados por el INPEC.

El propósito es impedir que la demora en conservar una prueba favorezca a los delincuentes y que las investigaciones se limiten a capturar intermediarios sin llegar a quienes organizan y se benefician de la extorsión.

El Gobierno Nacional participa y fortalece la discusión

La audiencia contó con la participación del ministro de Justicia, Iván Cancino, quien destacó el trabajo que adelanta el Gobierno Nacional con la Fiscalía, MinTIC, los operadores de telefonía y el sector bancario para enfrentar este delito.

«La extorsión también sucede fuera de las cárceles y tenemos toda la intención, como Gobierno, de colaborar, de ayudar, de comprometernos», manifestó Cancino, quien también destacó la importancia de llevar la justicia a los territorios.

El viceministro de Política Criminal y Penitenciaria, Carlos Eduardo Gónima, insistió en la necesidad de desarticular las organizaciones criminales y no limitar las investigaciones a capturas individuales.

«Los extorsionistas no operan como unidades. Operan como grupos delincuenciales. Entonces, sacar a una persona no desarticula la banda», advirtió.

Milton Carreño reconoció la ofensiva del presidente Abelardo de la Espriella y felicitó a la Policía Nacional, los GAULA, la Fiscalía y la Fuerza Pública por sus recientes resultados.

«El presidente y nuestra Fuerza Pública están golpeando a las organizaciones criminales. Desde el Congreso queremos complementar esos resultados con una ley que permita proteger a quien denuncia, seguir el dinero y fortalecer las investigaciones. La seguridad necesita una acción conjunta del Estado», afirmó el representante.

Las cárceles y el dinero: dos puntos críticos de la extorsión

La discusión también abordó la utilización de establecimientos penitenciarios para realizar llamadas extorsivas. Un reciente estudio del DNP y Asocapitalesrecoge una estimación de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión según la cual cerca del 70 % de las llamadas extorsivas se origina en centros de reclusión.

A ello se suma un reciente pronunciamiento de representantes de internos de la cárcel La Picota, quienes plantearon una propuesta de entrega voluntaria de teléfonos celulares para contribuir a reducir la extorsión. La iniciativa no constituye un acuerdo con el Gobierno, pero evidencia la importancia que ha adquirido el control de las comunicaciones ilegales desde las cárceles.

El experto en seguridad Manfred Grautoff insistió durante la audiencia en una medida decisiva: seguir el dinero de los extorsionistas. Una orientación que coincide con el proyecto legislativo y que busca identificar las redes de recaudo, sus intermediarios y los responsables de las organizaciones criminales.

Los territorios y los gremios se suman a la construcción de soluciones

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés Zambrano, participó en la audiencia, incorporando la perspectiva de los departamentos y la necesidad de articular las capacidades nacionales con las realidades de los territorios.

El alcalde de Granada, Juan Carlos Mendoza, describió el drama de las familias que viven bajo amenazas y recordó que el daño de la extorsión va mucho más allá de las pérdidas económicas.

«El efecto más grave que genera la extorsión es el efecto psicológico: la intimidación, la inseguridad, vivir con miedo», señaló.

Desde Asocapitales, Fernando Lozano Olave advirtió que el temor de las víctimas a denunciar constituye uno de los mayores desafíos del Estado y destacó coincidencias entre el proyecto y las recomendaciones del estudio elaborado con el DNP.

El dirigente ganadero Julián Jiménez, presidente de COMCEBOR y vicepresidente de ASOCEBÚ, respaldó la iniciativa y pidió que las medidas de protección permitan a los productores trabajar y comercializar sin amenazas.

Por su parte, Gabriel Jurado, de Andesco, manifestó su disposición a contribuir a los ajustes técnicos necesarios para fortalecer las herramientas contra la extorsión, teniendo en cuenta las modalidades que utilizan redes sociales y plataformas digitales.

La participación de estos sectores permitió reunir experiencias del campo, las ciudades, los servicios y las autoridades alrededor de una preocupación compartida: ningún colombiano debería pagarles a los delincuentes para poder trabajar.

Del respaldo institucional a una respuesta legislativa

La audiencia también permitió identificar coincidencias con la propuesta de un CONPES contra la extorsión, presentada por el DNP y Asocapitales, que contempla 27 acciones territoriales relacionadas con prevención, articulación institucional y atención a las víctimas.

El Proyecto de Ley 349 continuará su trámite en el Congreso con los aportes recibidos, las precisiones técnicas necesarias y su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Para Milton Carreño, el encuentro dejó un avance concreto: autoridades nacionales, territorios, gremios y especialistas pudieron examinar una misma propuesta y aportar a su fortalecimiento.

«Logramos reunir al Gobierno Nacional, los territorios, los gremios y los expertos para trabajar sobre soluciones concretas. Ahora tenemos que convertir esos aportes en herramientas legales que funcionen. Que denunciar sirva para algo, que podamos seguir el dinero y que ningún colombiano tenga que pagarles a los delincuentes para ejercer su derecho a trabajar», concluyó el congresista.

La extorsión no distingue entre grandes empresarios y pequeños vendedores. La respuesta del Estado tampoco puede dejar a nadie atrás.