Gobierno radicó proyecto de rescate fiscal: cambios en impuestos y gasto público abren debate en el Congreso

La iniciativa del Gobierno de Abelardo De La Espriella plantea recortes al gasto estatal, modificaciones al IVA y cambios en los aportes a salud y al impuesto de renta. Mientras el Ejecutivo asegura que el Estado asumiría cerca del 70 % del ajuste fiscal, congresistas y expertos expresaron posiciones divididas sobre sus posibles efectos en la economía de los hogares y las empresas.

El Gobierno nacional radicó este jueves 29 de octubre ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y aumentar los ingresos de la Nación.

La propuesta contempla medidas de austeridad en las entidades públicas, modificaciones al sistema tributario, incentivos para las empresas que realicen inversiones y un mecanismo de devolución del IVA dirigido a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad económica.

Según el Ejecutivo, aproximadamente el 70 % del ajuste fiscal estaría a cargo del Estado, mediante la reducción de gastos de funcionamiento, contratos de prestación de servicios y revisión de transferencias y fondos públicos.

¿Qué cambios contempla el proyecto?

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la reducción del gasto público.

Entre las medidas propuestas se encuentran:

• Disminuir en un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios.

• Reducir en un 20 % los gastos de funcionamiento del Estado.

• Racionalizar las compras de las entidades públicas.

• Revisar más de 250 transferencias y alrededor de 50 fondos públicos.

• Reducir los gastos de personal de las entidades nacionales en un 20 % para 2028, según las condiciones establecidas en el articulado.

  
  

También se plantea un plan de austeridad que limitaría el reconocimiento de viáticos, horas extras y gastos de viaje, además de promover reuniones virtuales y revisar los contratos de arrendamiento de inmuebles estatales.

El proyecto contempla, adicionalmente, otorgar facultades extraordinarias al presidente durante seis meses para reorganizar entidades del orden nacional, lo que incluiría la posibilidad de suprimir, fusionar o modificar ministerios, departamentos administrativos y otras instituciones.

Estas medidas hacen parte de la estrategia de ajuste que el Gobierno busca implementar para reducir las presiones sobre las finanzas públicas.

IVA: cambios que podrían afectar el consumo de los hogares

Las modificaciones al impuesto sobre las ventas (IVA) constituyen uno de los puntos que más discusión ha generado.

El proyecto propone eliminar, a partir de 2028, la tarifa diferencial del 5 % para determinados productos y ampliar la lista de bienes y servicios gravados con la tarifa general del 19 %.

Entre los productos y servicios mencionados están:

• Café, azúcar, aceites comestibles, pastas y chocolate.

• Licores, que pasarían de una tarifa del 5 % al 19 %.

• Frutas y verduras frescas que actualmente tienen tratamiento excluido.

• Compras realizadas en plataformas internacionales de comercio electrónico, sin importar el valor.

• Servicios de internet para los estratos 1, 2 y 3.

• Boletas de cine y eventos deportivos, entre otros servicios.

  
  

La propuesta también contempla gravámenes para las apuestas en línea y modificaciones tributarias para bebidas alcohólicas, cigarrillos y vapeadores.

No obstante, el proyecto no plantea gravar indiscriminadamente todos los alimentos. Algunos productos básicos, como la papa, la yuca, el pan, la arepa y la panela, conservarían su tratamiento tributario actual, de acuerdo con la información sobre el articulado.

Devolución del IVA para población vulnerable

Como mecanismo de compensación, el Gobierno propone crear el programa denominado EfectIVA, que permitiría devolver parte o la totalidad del IVA pagado a personas en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica.

Según el Ministerio de Hacienda, la medida beneficiaría a cerca de 19 millones de personas con la devolución del 100 % del impuesto, mientras que otros 16,5 millones podrían recibir devoluciones parciales de hasta el 50 %.

El porcentaje de devolución dependería del nivel de ingresos y de la clasificación socioeconómica de los beneficiarios.

Aunque el mecanismo comenzaría formalmente el primero de enero de 2028, el Ejecutivo anunció que realizaría un giro anticipado y que el primer pago se efectuaría, a más tardar, el 20 de diciembre de 2027.

Cambios en renta y aportes a salud

Otro de los componentes de la iniciativa está relacionado con el impuesto de renta para personas naturales.

El proyecto propone reducir el umbral a partir del cual se comienza a pagar este tributo, de 1.090 a 720 UVT, lo que incorporaría a más personas con ingresos medios al grupo de contribuyentes.

El exdirector de la DIAN Lisandro Junco explicó que la modificación implicaría que más trabajadores tendrían que declarar y pagar impuesto de renta, con una tarifa inicial del 9 % bajo las condiciones propuestas.

En materia de salud, también se plantean cambios en los aportes de los trabajadores del régimen contributivo. La cotización aumentaría progresivamente según el nivel de ingresos, desde el 4 % hasta el 8 % para quienes devengan entre 20 y 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los empleadores aportarían el 8,5 %.

Estos cambios están previstos para entrar en vigencia a partir del primero de enero de 2027.

Incentivos para empresas y grandes inversiones

La propuesta también contempla medidas para estimular la inversión empresarial.

Entre ellas está el mecanismo RUGE, que ofrecería beneficios tributarios a las empresas que realicen grandes inversiones y generen empleo en el país.

Adicionalmente, el Gobierno plantea reducir gradualmente la tarifa general del impuesto de renta empresarial, del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028.

El propósito, según el Ejecutivo, es promover la inversión, incentivar la generación de puestos de trabajo y contribuir al crecimiento económico.

Reacciones políticas y económicas: posiciones divididas

La radicación del proyecto generó pronunciamientos de congresistas de diferentes sectores políticos y de expertos en economía, quienes expusieron sus posiciones frente al alcance de las medidas.

La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, manifestó su rechazo a los incrementos tributarios que, a su juicio, afectarían a la clase media. La congresista cuestionó especialmente los cambios en los aportes a salud y anunció que votará en contra de las disposiciones que aumenten las cargas económicas de los hogares.

En la misma línea, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, afirmó que su colectividad defiende un Estado más pequeño, austero y con bajos impuestos. Por su parte, el senador Andrés Forero señaló que respaldaría las medidas de reducción del gasto público y reorganización de entidades, pero que no acompañaría la mayoría de las disposiciones tributarias.

Desde el Pacto Histórico, el congresista Gabriel Becerra también cuestionó la iniciativa. Según expresó, los cambios propuestos en el IVA para alimentos y el aumento de los aportes a salud representarían una mayor carga para las familias trabajadoras y la clase media.

Otra de las voces críticas fue la representante Catherine Juvinao, quien reconoció que el proyecto incluye medidas que había propuesto anteriormente, como gravar las apuestas en línea, pero manifestó preocupación por la ampliación del IVA a productos como frutas, verduras, maíz, sal, fertilizantes y el servicio de internet para los estratos 1, 2 y 3.

En contraste, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas consideró que la presentación del proyecto constituye un paso necesario para enfrentar la situación de las finanzas públicas. Aunque reconoció que algunas disposiciones generarán controversia, destacó la importancia de combinar la reducción del gasto con medidas para aumentar el recaudo.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, señaló que la propuesta plantea un ajuste fiscal de gran magnitud, cercano al 4 % del producto interno bruto hacia 2030. También destacó que el debate deberá abordar asuntos estructurales como la reorganización del Estado, las transferencias públicas, la ampliación de la base gravable del IVA y los aportes a la seguridad social.

Mejía insistió en que las medidas requieren una discusión técnica y responsable en el Congreso, teniendo en cuenta sus implicaciones para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

¿Qué sigue para el proyecto?

La iniciativa fue radicada ante la Cámara de Representantes con el número 477 de 2026 y deberá surtir su trámite legislativo antes de convertirse en ley.

Por ahora, las medidas presentadas corresponden a propuestas del Ejecutivo y no representan cambios tributarios aprobados. Durante su discusión, los congresistas podrán analizar, modificar o rechazar los artículos del proyecto.

Uno de los principales puntos de debate será el equilibrio entre la reducción del gasto estatal, el aumento del recaudo y el impacto que las modificaciones tributarias podrían tener sobre los hogares, los trabajadores y los sectores productivos.

De esta discusión dependerá el futuro de una de las principales apuestas económicas del Gobierno para enfrentar el déficit fiscal.