La congresista Jennifer Pedraza destapa 779 irregularidades académicas en la Fundación San José

Las denuncias por presuntas anomalías académicas en la Fundación de Educación Superior San José siguen aumentando. La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, reveló la existencia de 779 nuevas irregularidades tras analizar la información de 1.276 servidores públicos egresados de esta institución, un hallazgo que, según la congresista, evidencia un problema estructural que no ha sido atendido por las autoridades competentes.

De acuerdo con Pedraza, dentro de estos casos se identificaron 35 situaciones con características muy similares al caso de Juliana Guerrero, lo que refuerza la hipótesis de una práctica sistemática en la expedición de títulos académicos. Ante este panorama, la congresista solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar la actuación —o falta de ella— del Ministerio de Educación.

Uno de los aspectos que más inquieta a la representante es el incremento en la vinculación de egresados de la Fundación San José durante el actual Gobierno. Según sus datos, 733 servidores públicos han sido contratados, lo que representa un aumento superior al 200 % en comparación con administraciones anteriores.

Para Pedraza, este contexto hace aún más urgente una intervención estatal. “Lo ocurrido con Juliana Guerrero no es un hecho aislado; hace parte de una práctica que el Ministerio de Educación ha permitido que continúe”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de acciones contundentes frente a las denuncias conocidas desde marzo de 2025.

La congresista fue especialmente crítica con la gestión del Ministerio. “Si al ministro Daniel Rojas realmente le importaran los estudiantes afectados, la Fundación San José ya habría sido intervenida”, sostuvo, señalando que, pese a las alertas tempranas, no se tomaron medidas de fondo y se permitió la continuidad en la expedición de títulos presuntamente irregulares.

Por estos hechos, Pedraza pidió formalmente a la Procuraduría abrir una investigación disciplinaria contra el ministro de Educación y los funcionarios responsables de las labores de inspección y vigilancia.

“El Ministerio cuenta con todas las herramientas legales para actuar, corregir y prevenir nuevas irregularidades, pero ha optado por la omisión”, concluyó.

Finalmente, advirtió que los hallazgos conocidos hasta ahora solo reflejan una parte del problema, ya que la investigación se limitó a servidores públicos de la rama ejecutiva.

“Aún falta revisar lo que ocurre en el sector privado y en otras ramas del poder público; esto apenas es la punta del iceberg”, enfatizó.

Procuraduría avanza en investigación por el caso Juliana Guerrero

El caso de Juliana Guerrero, que detonó el escándalo, salió a la luz tras su nombramiento como asesora del ministro del Interior, Armando Benedetti. Desde entonces, las dudas sobre la validez de los títulos expedidos por la Fundación San José han generado un amplio debate público.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que la entidad avanza en la investigación disciplinaria relacionada con este caso y con otros posibles títulos irregulares otorgados por la institución educativa. En entrevista con 6AM, explicó que la indagación se abrió para establecer si dichos títulos fueron utilizados de forma indebida en procesos de nombramiento o posesión en cargos públicos.

“El proceso está bastante avanzado. No puedo anticipar decisiones para evitar prejuzgar, pero cualquier persona que haya vulnerado la legalidad o se haya aprovechado de su posición en el Estado para obtener un privilegio, deberá responder ante el código disciplinario”, aseguró Eljach.

El procurador también reconoció el impacto negativo que este escándalo ha tenido sobre la comunidad académica. “Existe un daño reputacional que afecta a estudiantes que no tienen responsabilidad alguna y que hoy ven cuestionados sus títulos. Ese daño tiene amparo judicial y debe ser abordado con rigor y justicia”, concluyó.