Corte Constitucional admite demanda presentada por la ANT contra el Decreto Ley 902/2017
- ANT
- 29 sept 2025
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La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), contra varios artículos del Decreto Ley 902 de 2017, norma expedida en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz.
El recurso cuestiona la validez de la etapa judicial prevista en el denominado Procedimiento Único, mecanismo mediante el cual se tramitan asuntos agrarios especiales como la clarificación de la propiedad, la recuperación de baldíos, los deslindes y la extinción de dominio. Según el demandante, mantener esta fase judicial sin que exista en funcionamiento la Jurisdicción Agraria vulnera el principio del juez natural, afecta el derecho al debido proceso y dificulta el cumplimiento del compromiso estatal de garantizar acceso a tres millones de hectáreas para campesinos sin tierra.
La demanda solicita a la Corte que declare la inexequibilidad condicionada de dicha etapa judicial hasta tanto entre en funcionamiento la Jurisdicción Agraria, de modo que mientras tanto la ANT pueda resolver de fondo los procesos agrarios. También pide que se declare la inexequibilidad total de disposiciones relacionadas con la expropiación judicial y la acción de nulidad agraria.
En su argumentación, Harman señaló que las reglas actuales generan demoras, duplicidad de competencias entre jueces civiles y administrativos, y una sobrecarga en el sistema judicial. Además, indicó que, pese a los avances normativos recientes —como el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección y la creación de la Jurisdicción Agraria mediante acto legislativo—, la falta de aplicación práctica impide garantizar derechos territoriales efectivos.
La Corte Constitucional, tras inadmitir inicialmente la demanda en agosto, aceptó la subsanación presentada por la ANT y anunció que estudiará de fondo los cargos planteados en el expediente D-16791
Con esta decisión, el alto tribunal abre un debate jurídico clave para el futuro de la Reforma Rural Integral y el acceso a tierras por parte de comunidades campesinas, indígenas y rurales en Colombia.
