Adiós a las motos ruidosas en Colombia, multas de hasta $1.208.000 según la Ley 2450 de 2025

El ruido excesivo en las vías del país ya tiene consecuencias. En Colombia comenzó a regir la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el ruido, una política nacional que busca frenar la contaminación acústica y proteger la salud pública, el ambiente y la convivencia ciudadana. Entre las medidas más relevantes está el establecimiento de un límite máximo de 86 decibeles para las motocicletas.

La normativa aplica especialmente a motos que circulen con sistemas de escape alterados, modificados o no originales, una práctica frecuente que incrementa los niveles de ruido y genera molestias constantes en zonas residenciales y comerciales. El Gobierno nacional advirtió que estos criterios ya están en plena vigencia y serán objeto de control por parte de las autoridades de tránsito en todo el territorio.

La ley no solo fija límites, sino que también define lineamientos para el diagnóstico, evaluación y gestión integral del ruido y las vibraciones, facultando tanto a las autoridades como a la ciudadanía para prevenir, controlar y sancionar este tipo de contaminación.

Multas y sanciones para motociclistas

Quienes incumplan la norma podrán enfrentar sanciones económicas, inmovilización del vehículo, rechazo en la revisión técnico-mecánica e incluso la pérdida de garantía del automotor.

• Multa C28: Aplica para vehículos que circulen con dispositivos que alteren el sonido, como resonadores o escapes modificados, dañados o no autorizados. También contempla el uso indebido de sirenas y luces de emergencia. Las sanciones económicas oscilan entre $604.000 y $711.750.

• Multa D17: Considerada una de las infracciones más severas, se impone a conductores que excedan los niveles de ruido o contaminación permitidos. El comparendo puede alcanzar los $1.208.000.

  
  

Además, la ley sanciona prácticas como perforar el silenciador o retirar elementos diseñados para reducir el ruido en motocicletas y automóviles. Las autoridades aclaran que estas modificaciones pueden ser detectadas fácilmente, incluso sin necesidad de mediciones técnicas especializadas.

Con la entrada en vigor de esta normativa, el Estado espera reducir de manera significativa la contaminación auditiva en Colombia y promover una movilidad más responsable, en la que el respeto por el entorno y la tranquilidad de las comunidades sea una prioridad.